Los derechos hoy

Los derechos y las sociedades evolucionan, por lo que es normal y razonable que las constituciones de los países democráticos se actualicen. Sin embargo, la mejor forma de promover derechos sociales no es aumentando el listado de ellos en la Constitución y haciendo creer que así quedaran “automáticamente” resueltos.

Lo importante es que la Constitución permita en un marco de libertad e igualdad que cada gobierno y el Congreso impulsen, en la medida en que se incrementa el nivel de desarrollo del país, programas y políticas para mejorar la condición de vida de los chilenos. En este contexto, cuando se debata sobre derechos debiéramos velar en especial por los siguientes aspectos que han probado ser claves en mejorar la calidad de vida de los chilenos en las últimas décadas:

• Que la Constitución resguarde efectivamente el respeto de los derechos fundamentales que señala y no incorpore bajo el paraguas del lenguaje de los derechos, promesas incumplibles y/o utopías teórico políticas. Esto desprestigia la ley, engaña a la gente y puede comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones actuales y futuras.

• Que para satisfacer los derechos fundamentales que señala la Constitución, sin comprometer la estabilidad económica, los esfuerzos se focalicen en las personas más necesitadas y se fortalezca el trabajo social como una corresponsabilidad público privada.

• Que sean las leyes, dentro de los márgenes que permita la Constitución, las que vayan ampliando responsablemente la cobertura y calidad de las prestaciones sociales, mejorando el diseño y la gestión de las políticas públicas y aumentando los recursos que se destinen a éstas en virtud de los méritos de sus reales resultados. La Constitución sí debe precisar criterios y principios de justicia a que se deben ceñir las políticas públicas y el rol de los jueces y contralores en estas materias.

• Que se proteja la capacidad de elegir de los chilenos cuando buscan satisfacer un derecho social, como la educación o la salud. Es decir, que quienes tengan menos recursos no estén obligados a elegir lo que el Estado les entrega, sino que puedan hacer uso de su libertad de elección de acuerdo a sus propios valores de vida, eligiendo por ejemplo un colegio particular fuera del sistema público o una consulta con el medico de su preferencia.