La Legitimidad de Nuestras Instituciones Está en Riesgo

Esta semana ha entrado en vigor la reducción de la jornada laboral de 44 horas semanales, manteniendo las mismas condiciones de ingreso para los trabajadores. La próxima reducción será en el año 2026 a 42 horas y en el año 2028 a 40 horas semanales. Este cambio representa un beneficio para el trabajador pero implica un desafío inmediato para los empleadores. El salario, determinado por la oferta y demanda del mercado laboral, está directamente ligado a la productividad del trabajador. Sin embargo, en los últimos años hemos observado una reducción en la productividad junto con un aumento del salario mínimo. Esta desconexión posiblemente esté contribuyendo al incremento de la informalidad laboral o al aumento del empleo por cuenta propia, lo que a su vez disminuye la oferta de empleo formal por parte de las empresas. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia? Al observar la experiencia internacional, vemos que en los países desarrollados existe una mayor inversión, economías y empresas más fuertes. Cuando hay más capital, el trabajo se vuelve más productivo. Por ende, debemos fomentar y facilitar la inversión y capitalización de las empresas para promover el desarrollo tecnológico y aumentar la productividad, elevando así los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, durante los últimos 10 años, las sucesivas reformas tributarias han fomentado el gasto y retiro de utilidades en lugar de la capitalización.

Por otro lado, actualmente nos enfrentamos a un largo e incierto proceso de aprobación de proyectos, lo cual implica mayores costos, retrasos en obras e inversiones postergadas. Para abordar esta problemática, el gobierno presentó en enero al Congreso Nacional el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Este proyecto busca estandarizar y coordinar mejor los órganos de administración estatal, facilitar trámites, establecer requisitos previsibles y proporcionales, simplificar y agilizar la aprobación de proyectos. Se espera que los proyectos calificados como prioritarios puedan reducir a la mitad sus plazos gracias a esta ley, cuyos detalles serán definidos en el reglamento posterior a su promulgación.

Este es uno de los proyectos legislativos a los cuales el Presidente ha dado suma urgencia en su tramitación en el Congreso. Mientras proyectos como este permanezcan sin resolver, nuestro país seguirá rezagado en términos de crecimiento, incapaz de mejorar la productividad, el empleo formal y los salarios de los trabajadores.

La celeridad y atención que nuestros parlamentarios otorguen para definir e implementar regulaciones como estas son cruciales. Las instituciones, como el Congreso, también ponen en riesgo su legitimidad al no responder oportunamente a asuntos clave que beneficien a la comunidad.