Energía: las cosas claras

Puede resultar paradójico, pero nuestro país siempre ha tenido a la mano la solución óptima al complejo escenario que vivimos en materia de energía.

En su estudio “El costo diferencial de las alternativas de generación en el SIC” –elaborado a solicitud de nuestro gremio–, el economista Alexander Galetovic y el ingeniero Cristián Hernández muestran con precisión que la expansión más eficiente del Sistema Interconectado Central en el período 2016-2033 es aprovechando el potencial hidroeléctrico disponible.

Dicho potencial se estimó con información de los derechos de agua de carácter no consuntivo otorgados por la Dirección General de Aguas y que están sin uso, concluyéndose que a partir de 2016 la hidroelectricidad podría agregar aproximadamente 75.000 GWh por año de energía a un costo menor que el de generar con carbón o gas. Y que 15 años más tarde, cuando el costo del MWh se ubique recién en torno a los US$ 85, el SIC debiera seguir expandiéndose con estas dos últimas fuentes de generación.

El informe añade que en caso de renunciar al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, “se adelantarán los precios más altos de la energía en 20 años”. Asimismo, si persisten las restricciones a las centrales térmicas a carbón, la expansión del SIC será con centrales diésel, cuyo efecto en el costo de la energía sería similar al ya sufrido con la pérdida del gas argentino.

A la luz de tales antecedentes es clave que se adecue la institucionalidad para viabilizar los proyectos hidroeléctricos y térmicos a carbón que cumplan con la normativa, de modo que las generadoras dejen en las regiones donde emplacen sus centrales parte de los impuestos que tributan. También debieran priorizar aspectos como la contratación de mano de obra local y otorgar ciertos beneficios en el tiempo a las comunidades vecinas.

Igualmente relevante sería que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre HidroAysén, ya que se debe cumplir la ley y porque es un bloque de energía muy significativo, ubicado en una zona con precipitaciones menos variables en el tiempo, lo que no ocurre de Puerto Montt al norte.

Cabe mencionar además la urgencia de reforzar la transmisión eléctrica en la parte norte del SIC y desde la VIII Región hacia la Metropolitana. Los contratos de concesión ya fueron adjudicados, pero los proyectos no avanzan, por lo que es una buena señal que en el Congreso se esté discutiendo una política pública que ayude a destrabar esta situación.

Por el contrario, apurar la incorporación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) constituiría un grave y costoso error. Según Galetovic y Hernández, ninguna cuota de ERNC se justifica: desplazan la entrada de proyectos hidroeléctricos y mantienen constante la participación de los combustibles fósiles, por lo que “implican una pérdida de bienestar y eficiencia”.

Comparada con la expansión del sistema con hidroelectricidad, la ley 20/20 –que hasta hace poco se tramitaba en el Congreso– hubiera hecho que el precio monómico de la energía aumente entre 15 y 20 US$/MWh y que la productividad total de factores en el SIC disminuya en torno a 9%. La ley 20/25 que la reemplazó impactará negativamente las mismas variables, aunque en forma algo más acotada, y, como cualquier otra cuota de ERNC, no provocará beneficios ambientales.

“Al contrario de la creencia, la política ambiental vigente –que incluye al Sistema de Evaluación Ambiental y la Norma de Emisiones para centrales termoeléctricas– es eficaz y eficiente con independencia de la tecnología con que se expanda el SIC”, por lo que “las políticas que fuerzan cuotas de ERNC son ambientalmente innecesarias y económicamente dañinas”, alerta el estudio.

Y agrega que si lo que se busca es mitigar las emisiones de CO₂, la estrategia más eficaz por los próximos 20 años sería desarrollar la generación hidráulica en el SIC y, a continuación, “poner un impuesto moderado y seguramente creciente en el tiempo” a la producción de CO₂.

Las ERNC no suplirán las grandes centrales hidráulicas y térmicas a carbón o gas, aunque a futuro ayuden a incorporar más energía al sistema, limpia y ojalá a menores costos. Estas son buenas noticias. Pero una adecuada política pública, que busque contribuir efectivamente al bien común, debe considerar la evidencia disponible, priorizando la hidroelectricidad, las centrales a carbón, el gas natural y luego las ERNC –en la medida en que sean realmente competitivas–, sin dejar de evaluar los progresos en materia de energía nuclear.

Daniel Hurtado Parot
Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

Las ERNC no suplirán las grandes centrales hidráulicas y térmicas a carbón o gas, aunque a futuro ayuden a incorporar energía al sistema.