DISCURSO DANIEL HURTADO -SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2013-

DISCURSO PRESIDENTE CChC

SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2013

 SALUDOS INICIALES…

Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción.

En especial, agradezco las palabras de don Gustavo Pérez, quien nos recordó el camino que hemos recorrido en materia de seguridad y la importancia de seguir trabajando juntos para alcanzar nuevos objetivos.

Nuestra actividad es de alto riesgo, por lo que impulsamos múltiples acciones para ayudar a disminuir la tasa de accidentes laborales del sector, con lo que también contribuimos al logro de las metas que se fijó el país y que consisten en alcanzar una accidentalidad de 4% y reducir la tasa de accidentes fatales a 5 por cada 100.000 trabajadores al año 2015.

Tal como fue mencionado, tenemos la certeza de que para obtener estos logros se necesita el compromiso de empresarios, trabajadores y autoridades de gobierno.

Como gremio, participamos en diversas instancias tripartitas y estamos promoviendo la meta del cero accidentes entre nuestras empresas socias y una disminución significativa de la tasa de accidentes fatales. Es un desafío exigente, pero quienes aquí estamos reunidos tenemos el deber moral de hacerlo posible.

Señor Presidente, como es habitual en este encuentro, nos interesa plantear nuestros puntos de vista sobre aspectos que estimamos relevantes para el país y para la actividad que desempeñamos, cuya influencia abarca desde lo empresarial hasta el ámbito del desarrollo humano y social.

De ahí que quisiéramos advertir una situación obvia, pero que a veces pareciera olvidarse. Pese a los buenos augurios y a las razonables expectativas, Chile aún no es una nación desarrollada, por lo que no puede cometer el error de actuar como tal. Por el contrario, todavía debemos seguir trabajando duro para cumplir con este objetivo.

No obstante, se ha vuelto habitual escuchar voces que –contra toda evidencia– cuestionan los fundamentos de un sistema que ha mejorado las condiciones de vida de los chilenos como nunca antes en la historia, promoviendo un estado benefactor cuyas debilidades son manifiestas.   

Que la ciudadanía exprese sus demandas es completamente legítimo. Sin embargo, éstas se desvirtúan principalmente por dos razones: primero, cuando son instrumentalizadas por grupos que sólo buscan beneficios particulares. Los paros ilegales registrados en las industrias minera y portuaria son claros ejemplos de ello.

Y, en segundo lugar, cuando el sistema político no es capaz de canalizar tales demandas ni de ofrecer respuestas que privilegien no los réditos inmediatos sino el bien común en el largo plazo.

Cabe destacar que el proceso de construcción de nuevos consensos debe darse en un marco de respeto al estado de derecho. Quienes renieguen de éste –como aquellos que recurren a la violencia en la Región de la Araucanía–, sólo deben encontrar como respuesta la decidida voluntad de hacer prevalecer el orden público.          

Señor Presidente, valoramos profundamente el llamado “a la unidad nacional” que usted formulara y la invitación a que cuidemos al país y a no ceder frente a la violencia, la demagogia y el populismo. Cuente con nosotros para ello.

Ahora bien, de cara a nuestra industria, debemos insistir en la urgencia de que Chile cuente con una política de infraestructura de largo plazo, pues es una herramienta clave para el crecimiento económico, la disminución de las brechas de desigualdad y la descentralización del país.

El camino hacia el desarrollo supone reforzar la competitividad de la economía y generar condiciones para que las personas accedan a los beneficios del crecimiento. Y entre requisitos necesarios para ello está contar con una infraestructura que soporte dicho proceso.

Asumimos que la infraestructura no suele ser entendida como una urgencia y tampoco vemos que esté presente en el debate contingente. Hay otras materias con mayor prioridad.

No obstante, esto pudiera estar cambiando: la congestión en las ciudades, los megatacos en las carreteras o las largas horas de espera en los aeropuertos importan cada vez más y la tolerancia de las personas frente a estos fenómenos es cada vez menor.

Agréguese que lo que ocurre a nivel local no pasa desapercibido, sino que puede detonar conflictos a gran escala. De ahí que cada situación deba ser evaluada en su justo mérito: desde los problemas a nivel de barrios hasta coyunturas que involucran toda una ciudad. Las autoridades debieran tener presente este nuevo escenario.

Cabe destacar además que los déficits en infraestructura aumentan la desigualdad, puesto que generan inequidades en el acceso a bienes y servicios.

Asimismo, las regiones no pocas veces ven limitadas sus vocaciones productivas y sus aspiraciones por decisiones centralistas en materia de infraestructura. Con ello se profundizan las diferencias en el desarrollo territorial y se impide una mayor diversificación de la matriz exportadora.

Nuestro país, además, no sólo debe mirar sus necesidades internas. Somos parte de un mundo globalizado, lo que impone revisar nuestro posicionamiento internacional. Las estrategias que están siguiendo países como Perú y Colombia en materia de infraestructura debieran hacernos reflexionar. 

En este contexto, debemos abocarnos con urgencia a disminuir los déficits existentes. Y tal labor debe acometerse con la convicción de que se pueden ampliar la frontera de lo posible, lo que tiene que ver con el Chile que soñamos, con esa visión de país que permite cambiar la realidad.

A modo de ejemplo, es muy probable que el aeródromo de Chiloé no haya presentado buenos indicadores de rentabilidad social. Pero hoy, en la práctica, está abriendo nuevas oportunidades para los habitantes de la isla.

Estamos conscientes de que la autoridad se esfuerza en abordar los desafíos planteados. Sin embargo, llevar la gestión de la infraestructura pública al nivel que el país demanda no es cuestión de voluntad ni de capacidades. Pasa por resolver serias debilidades estructurales.

Frente a ello, y en primer lugar, es necesario acordar una Política Nacional de Infraestructura, que oriente el accionar del sector público y el privado en el largo plazo.

Luego, y tal como lo hemos propuesto en otras oportunidades, se debiera crear una “Agencia Nacional de Infraestructura”, que, actuando bajo los lineamientos de esta Política, defina los proyectos críticos para el desarrollo del país y de sus regiones, establezca prioridades para su ejecución y, sobre todo, logre que las iniciativas comprometidas se conviertan en realidad.

Hoy, el Estado no cuenta con un organismo que vele por la permanencia de las acciones que define en esta materia, responsabilidad que recae en entidades estatales ejecutoras de los programas de inversión, cuyas orientaciones suelen cambiar de un gobierno a otro.

De esta forma, se generan altos costos para la sociedad y propuestas tan destacadas como el Plan de Infraestructura 2020 o el Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, dado a conocer hace pocos días, casi siempre quedan a medio camino.

Señor presidente, esperamos que en los próximos meses se logren dar pasos decisivos para la materialización de proyectos emblemáticos de infraestructura, como el puente sobre el Canal de Chacao y Américo Vespucio Oriente.

 

Sobre este último, es difícil comprender que por los intereses de unas pocas personas se vean perjudicados los demás habitantes de la comuna y del resto de la capital. Existiendo un objetivo de bien común, lo que correspondería es que se aplique la ley, procediéndose a las expropiaciones respectivas.

 

Como gremio, estimamos de la máxima importancia que también se hagan las obras que necesitan los millones de chilenos que no marchan ni protestan.  

 

Además, la actual administración tiene la oportunidad de iniciar los cambios estructurales e institucionales que se requieren en materia de infraestructura, de modo que ésta amplíe su contribución al desafío de llegar a ser una nación desarrollada.

 

Algo similar debiera ocurrir en lo referido a energía eléctrica, cuyo costo supera con creces el del resto de los países del continente. Y lo que es peor, teniendo parte importante de la solución a la mano, no hemos sido capaces de implementarla.

Chile tiene un enorme potencial para el desarrollo de la hidroelectricidad, pero proyectos como HidroAysén, Río Cuervo y Alto Maipo, por citar algunos, enfrentan una injustificada oposición y su materialización es bastante incierta.

Las iniciativas termoeléctricas no diésel han corrido similar suerte. Barrancones y Castilla desaparecieron del escenario. Y Punta Alcalde, como otras similares, se han visto gravemente entrabadas.

Observamos con preocupación que en la actualidad se está construyendo apenas la mitad de las plantas necesarias para abastecer la demanda en un futuro cercano. Y la falta de energía eléctrica en zonas como Copiapó está impidiendo la materialización de importantes inversiones en minería y en otras áreas, que, por ejemplo, podrían dar seguridad en materia de abastecimiento de agua para la población y la agricultura.

Esperamos que el Gobierno logre concretar la agenda eléctrica que ha diseñado y, sobre todo, que genere las bases para construir un gran acuerdo nacional que permita avanzar en un tema que, de no resolverse, afectará gravemente las posibilidades de desarrollo.

En materia de vivienda, cabe destacar que en los años 2011 y 2012 el área inmobiliaria exhibió un fuerte dinamismo.

Sin embargo, la actividad sectorial ha resultado comprometida por un largo debate en torno a la existencia de una burbuja de precios, lo que ha provocado mayores restricciones crediticias y postergaciones en las decisiones de compra.

Coincidimos en la importancia de que tanto el Banco Central como los demás agentes monitoreen los distintos sectores productivos. Es el mejor camino para evitar sobrerreacciones que dañen el dinamismo de la economía.

Pero, a nuestro juicio –y de acuerdo a distintas autoridades de Gobierno–, existe suficiente evidencia en cuanto a que el aumento en el precio de las viviendas se explica por una fuerte presión de la demanda, costos de producción en aumento y una escasa oferta. De hecho, el stock de viviendas hoy disponible equivale al 60% del registrado en 2007, previo a las crisis subprime.

Tal situación está directamente relacionada con la baja disponibilidad de terrenos para desarrollar proyectos inmobiliarios.

Porque más allá de preferencias individuales, las ciudades deben ser capaces de satisfacer las necesidades de su creciente población y los ciudadanos deben tener la posibilidad de elegir un mejor lugar donde vivir, provocándose así una efectiva movilidad social.   

Y lo cierto es que para aumentar la oferta de terrenos no existen más opciones que ampliar el radio de las ciudades, impulsar procesos de densificación y renovar zonas urbanas deterioradas.

Sin embargo, observamos que cualquier iniciativa de ampliación de un límite urbano –modificando planes reguladores intercomunales– suele verse entrampada. Lo que ocurre en las regiones de Valparaíso y Metropolitana son ejemplos críticos de este lamentable fenómeno.

En consecuencia, valoramos el compromiso de la autoridad para lograr la aprobación del nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago y de otras propuestas similares.

Por su parte, impulsar la densificación, aprobándose mayores alturas en algunos sectores, permite que el valor del suelo tenga menor incidencia en el precio final de las viviendas. Lamentablemente, los mismos que se oponen a la expansión del radio urbano rechazan que las ciudades se densifiquen.

Como gremio, no priorizamos ninguna alternativa de provisión de suelo. Creemos que todas son necesarias. 

Prueba de ello es que hemos solicitado estudios que muestran la crítica disponibilidad de terrenos en el Gran Santiago para construir viviendas sociales en extensión y ayer se presentó un informe sobre las posibilidades de densificación en torno a las estaciones de Metro.

Promover que estas zonas se densifiquen ofrecería una potente herramienta para combatir la segregación social y ayudaría a disminuir la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Convertir en realidad una propuesta de este tipo depende de las autoridades y de su capacidad de involucrar a los municipios.

Señor Presidente, es preciso reconocer el esfuerzo de su Gobierno por optimizar la Política Habitacional.

De igual forma, quisiéramos compartir con usted las dificultades que nuestros asociados han detectado en la aplicación de estos programas, con el propósito de contribuir a su perfeccionamiento.

En relación al programa para grupos emergentes y medios, persisten los problemas de acceso a crédito hipotecario que enfrentan algunas personas, aun cuando califican para la obtención del subsidio.

En tanto, el costo final de los proyectos de construcción se ha incrementado en 25% desde el año 2010, lo que provoca una situación muy compleja tratándose de contratos a suma alzada, cuyos presupuestos pudieron haberse fijado hace meses.

Esto afecta en especial a los proyectos de vivienda para sectores vulnerables, ya que sus beneficiarios reciben subsidios fijos, corregidos sólo por inflación, los que no alcanzan a cubrir el costo de los inmuebles. 

Con todo, es de justicia valorar el esfuerzo público-privado desplegado en los últimos 30 años y que tiene a Chile ante la posibilidad cierta de ser la primera nación latinoamericana en terminar con el déficit habitacional.

Muchos de quienes estamos en esta sala hemos sido parte de este proceso. Un proceso con luces y sombras y que ha debido enfrentar y adaptarse a los profundos cambios experimentados por el país.

Así, la Política Habitacional permitió disminuir el déficit cuantitativo de viviendas, aunque también han aumentado los requerimientos cualitativos y la segregación urbana. Además, ha contribuido a que sobre el 80% de las familias chilenas tenga una casa propia, lo que, sin embargo, pudiera estar afectando la movilidad habitacional.

Dado lo anterior, hemos estimado necesario convocar a un grupo multidisciplinario del más alto nivel para que reflexione y genere nuevas respuestas en materia de Política Habitacional.

El resultado de este análisis será una propuesta de política pública a ser presentada a las autoridades de Gobierno, a los candidatos a la Presidencia de la República y a la comunidad en general.

Estimo que algunos aspectos a considerar dicen relación con proponer mecanismos para terminar a la brevedad con el déficit habitacional de arrastre; profundizar la recuperación del stock de viviendas existente; promover la movilidad habitacional; y definir estándares mínimos en materia de construcción, entorno e integración urbana.

Creo no equivocarme si digo que nuestro gremio ha dado pruebas contundentes de su interés por contribuir a compatibilizar la calidad de vida con el desarrollo de las ciudades.

De hecho, hace un par de años compartimos con el señor Presidente nuestras Bases para una Política Nacional de Desarrollo Urbano e integramos el Comité Asesor Presidencial que trabajó en la elaboración de una propuesta en tal sentido, la que le fuera entregada hace apenas un par de días.

Este documento recoge importantes consensos, así como algunas prevenciones que hemos estimado necesario dejar de manifiesto.  

Esperamos que el Gobierno oficialice esta propuesta y luego defina la normativa que la pondrá en práctica, cuidando siempre impulsar el desarrollo equilibrado de las ciudades.

Luego, y en coherencia con lo que establezca la Política de Desarrollo Urbano, creemos impostergable que promueva una completa reformulación del sistema de planificación territorial y sus instrumentos, pues ya no responden a las dinámicas propias de las ciudades ni a los intereses de los ciudadanos.

Señor Presidente, es de conocimiento público la grave escasez de mano de obra calificada que afecta a los sectores productivos.

Al respecto, coincidimos con otras industrias en la necesidad de perfeccionar la política de inmigración. Pero también hemos sostenido que una solución de fondo pasa por desarrollar políticas de largo plazo, que ayuden, primero, a ampliar el mercado laboral.

No olvidemos que existen 600.000 jóvenes de los sectores más vulnerables que no estudian ni trabajan, lo que es un grave problema social, que tarde o temprano nos pasará la cuenta.

Luego, se deben impulsar aumentos de productividad, mediante una mejor formación técnica y mejores planes de capacitación.

Consciente de estas necesidades, nuestro gremio –en conjunto con entidades de Gobierno– ha desarrollado programas para incorporar mujeres a la actividad de la construcción y para darles una oportunidad a un creciente número de infractores de ley.

Asimismo, consolidamos un modelo que entrega a miles de jóvenes formación técnica-profesional de primer nivel.
Con mucho orgullo puedo comentar que en la reciente prueba Simce para estudiantes de Segundo Medio, los 8 liceos técnico-profesionales de nuestra Corporación Educacional obtuvieron, en promedio, 19 puntos más que el promedio nacional y 32 puntos más que el grupo socioeconómico medio-bajo, igualando al grupo de nivel medio, con lo que superaron ampliamente los promedios de sus comunas. Destacable fueron los liceos de Concepción y La Pintana, que lograron 302 y 294 puntos, respectivamente.

Como tercera línea de acción, nos hemos propuesto mejorar radicalmente la productividad de los trabajadores de nuestro sector.   

Por ello, señor Presidente, tengo el honor de presentar nuestra Escuela Tecnológica de la Construcción, una iniciativa que hemos creado para incrementar las competencias de los trabajadores, aportando al desarrollo de la industria y a la empleabilidad y dignidad de la personas.

La Escuela Tecnológica de la Construcción está llamada a evidenciar que, existiendo propuestas innovadoras, que cambian la forma tradicional de hacer capacitación, ésta ofrece beneficios concretos a todos los involucrados.

De ahí que confiamos que el Programa de Capacitación en Obra –el primero que se imparte bajo el alero de la Escuela Tecnológica de la Construcción– transforme definitivamente la manera de perfeccionar a los trabajadores.

Este programa, inédito en el país, ejecuta todo el proceso de capacitación en los puestos de trabajo y en aulas especialmente habilitadas. La enseñanza es impartida por instructores especializados, que forman equipos con los supervisores de la obra para ofrecer una instrucción de alto impacto.

Tal modalidad permite evaluar a los participantes antes, durante y después del proceso; reconocer y acreditar el nivel de cada trabajador en su oficio; y evita pérdidas de tiempo productivo.

Habiendo aplicado un plan piloto en Santiago y en regiones –en el que participaron más de 1.000 trabajadores–, constatamos que nuestro Programa de Capacitación en Obra mejoró la calificación de éstos y la productividad en las faenas.

La meta del Programa de Capacitación en Obra es ambiciosa: aspiramos llegar a 20.000 trabajadores en el primer año y 40.000 en 2014, con lo cual la Cámara Chilena de la Construcción y sus socios sigue contribuyendo con más y mejores acciones concretas al desarrollo de las personas y de nuestro querido país.

Muchas gracias