Convención de Obras Públicas: una mirada a largo plazo de las necesidades de infraestructura

Con una mirada de largo plazo sobre la planificación de la infraestructura nacional, comenzó la XXV Convención de Obras de Infraestructura Pública, en San Pedro de Atacama. El evento contó con la participación del ministro de Obras Pública, Laurence Golborne y fue presidido por el presidente de la CChC, Gastón Escala y el presidente del Comité de Obras de infraestructura Pública, Carlos Zeppelin.

En la oportunidad las diferentes autoridades concordaron en trabajar de forma conjunta para definir una estratégia que permita generar políticas públicas de largo plazo, destinadas a satisfacer los requerimientos tanto de infraestructura productiva como de aquella que mejore la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades (educación, innovación e infraestructura). Para ello, el gremio propuso crear una Agencia de la Infraestructura integrada por representantes del sector público y privado.

Además, el presidente de la CChC, Gastón Escala, hizo hincapié en la necesidad de duplicar la inversión en el sector eléctrico para que el país sea competitivo, disponer de infraestructura redundante en áreas estratégicas y aumentar la inversión de infraestructura de uso público pasando del actual 3% del PIB a una cifra entre el 5% y 6%. Asimismo, recalcó que para asumir estos desafíos es clave modernizar la institucionalidad asociada a la gestión de los proyectos de infraestructura.

Finalmente, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, valoró los planteamientos expuestos por el gremio, asegurando que se seguirá trabajando en conjunto con el sector. Además, dio una detallada cuenta de la gestión realizada, presentó la cartera de licitaciones de proyectos a financiar a través de recursos públicos o concesionados (periodo 2012-2014) y resaltó el trabajo que está implementando con la ciudadanía para priorizar las obras de los 1.208 proyectos regionales.

En la oportunidad se hizo hincapié en la necesidad de aumentar la inversión de infraestructura de uso público a un 5% o 6% del PIB.